Cuando comienza a flaquear tal independencia y a  observarse un  avance del Poder Ejecutivo sobre el ámbito judicial, declina la imparcialidad de los jueces y se produce un verdadero vaciamiento institucional que guarda las formas y fachadas exteriores  pero encubre la creciente consolidación de un régimen hegemónico  que  lesiona el bien común y afecta gravemente la convivencia en paz,  justicia y libertad.

La incorporación del Consejo de la Magistratura al texto de la Constitución Nacional se fundó en la necesidad de preservar y garantizar a los magistrados judiciales un régimen de total transparencia en sus designaciones y un sistema de enjuiciamiento que no pudiera ser utilizado como una amenaza para los jueces de conducta irreprochable  ni como una vía que facilitara la sanción o destitución de  los magistrados por motivos ideológicos o políticos.

Lamentablemente, a partir de la reforma de 2006 que otorgó clara primacía a los sectores oficialistas, quedó en evidencia un objetivo alzamiento contra la letra y el espíritu del art. 113 de la Constitución Nacional que impone una equilibrada integración del Consejo de la Magistratura en el que debían tener un rol decisivo los representantes de los jueces, los letrados y personas calificadas de los ámbitos académico y científico.

Tras esa ruptura del equilibrio fijado por la Ley Fundamental, los pasos siguientes, encaminados a completar la manipulación  del Consejo, quedaron rápidamente en evidencia a través de la imposición de una mayoría oficialista en las Comisión de Selección, en la no incorporación de vacantes a los concursos encabezados por aspirantes no vinculados al Poder Ejecutivo y  en la proyectada modificación del anonimato de los exámenes, llegándose últimamente al extremo de anular un concurso con un orden de mérito que no resultó grato al sector oficial.  Había sido convocado para cubrir vacantes en el fuero federal y, para anularlo, se prescindió  del dictamen de “notables” convocados por el propio Consejo, quienes le advirtieron sobre   las consecuencias funestas de tamaña arbitrariedad. Se anularon así los exámenes y se designó como miembro del nuevo jurado  a un aspirante que había resultado aplazado en la  prueba escrita dejada sin efecto. Esta insólita resolución  generó la consecuente protesta de organizaciones no gubernamentales, asociaciones de abogados y  magistrados, y  medios de prensa.

Ante tan sombrío panorama institucional, la Corporación  de Abogados Católicos exhorta al Poder Ejecutivo Nacional y al Consejo de la Magistratura a volver al cauce de la Constitución vigente, renunciando a la arbitrariedad y a toda discriminación a fin de que, como lo recomendaba el inolvidable  Papa Juan XXIII,  en su Encíclica Pacem in Terris, “el Poder Judicial dé a cada cual su derecho con imparcialidad plena y sin dejarse arrastrar por presiones de grupo alguno”

Guillermina M.C. de Fuschini Mejía         Alberto E.  Solanet

               Secretaria                               Presidente