La Nación,. en su edición del 24 de diciembre pasado, da cuenta de un acuerdo al que habrían arribado la Defensora de Menores, Dra.Silvia Dascal, con representantes de laboratorios dedicados a la fertilización asistida, acerca de los embriones humanos que mantienen allí congelados, homologado por el Juez Nacional en lo Civil Dr. Miguel Guiraldes. El acuerdo prevé que los centros de fertilización deberán informar a la justicia  la cantidad de embriones que poseen en esas condiciones, actualizando la información cada seis meses, hasta que se sancione alguna legislación sobre el particular.

Este convenio resulta positivo en cuanto a que los laboratorios, de algún modo,  serán  fiscalizados y podría llegar  a  conocerse, aunque sin demasiada certeza, la cantidad de esas diminutas personas sometidas a ese tratamiento.

La Corporación de Abogados Católicos, en consonancia con lo que acaba de enfatizar Benedicto XVI, destaca que la vida humana debe ser protegida legalmente desde el mismo instante de la concepción, no solo por imperio del derecho natural, sino también, en cumplimiento de disposiciones constitucionales ( Art. 75 inc.23; Art. 8° de la Convención de Derechos Humanos; Art.1° de la Convención de los Derechos del Niño). En consecuencia, la practica del congelamiento de embriones, que agravia gravemente a la dignidad humana, resulta aberrante, por lo que deberían arbitrarse los medios no solo para proteger y evitar la casi segura muerte de miles de chiquitos, que actualmente aguardan en las congeladoras que sus padres se acuerden de ellos,  sino también para  impedir que en el futuro se continúe con tales procedimientos.

Semejante manipulación de la vida humana, convierte al sujeto de derechos en objeto, cuyo destino dependerá del arbitrio de los científicos o en la mayor o menor preocupación de quienes encargaron su gestación. Urge poner coto a esta tragedia y para ello es imprescindible la inmediata prohibición del sistema, de lo contrario seguirá incrementándose la población de chiquitos sometidos a esa morbosa situación. En Inglaterra, se procede a matarlos a partir de los cinco años de congelados, cuando no ha mediado reclamo de sus responsables. El paso que ha dado la justicia es importante pero no suficiente. La Corporación de Abogados Católicos propicia que se legisle respetando el orden natural, a fin de que la Argentina sea ejemplo para el mundo en el respeto de los derechos humanos de los seres más indefensos.-

Juan Manuel Medrano                                         Alberto Solanet