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DECLARACIÓN PUBLICA
DE LA CORPORACIÓN DE ABOGADOS CATÓLICOS
Se ha anunciado públicamente el propósito de matar un niño de más de cuatro meses de gestación, concebido en el vientre de una mujer discapacitada supuestamente violada.
Los jueces de las instancias ordinarias han resuelto correctamente la cuestión defendiendo en forma estricta la vida inocente. El tema ha llegado a conocimiento de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires con un dictamen de la Procuración General que pretende convalidar la muerte provocada del niño en gestación.
El Ministro de Salud y el Gobernador han formulado comentarios públicos favorables a la denominada “cultura de la muerte” que presionan sobre los jueces y vulneran la independencia del Poder Judicial
Hay un principio de Derecho Natural, que tiene jerarquía constitucional y que se encuentra incorporado a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Convención sobre los Derechos del Niño según el cual nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente.
Ese precepto fundamental, inscripto en el corazón de todos los hombres, y que no puede ser excepcionado en circunstancia alguna, se vería vulnerado de modo flagrante si los jueces, a pesar de carecer de atribuciones para ello, autorizaran tamaño crimen.
La discriminación que se intenta contra el niño en razón de la incapacidad de su madre suscita el recuerdo de las atrocidades cometidas por el régimen nacional socialista bajo el imperio del plan T-4 que ordenaba a los médicos eliminar a todos los nacidos con cualquier discapacidad.
La Corporación de Abogados Católicos declara públicamente su alarma ante el auspicio que la “cultura de la muerte” recibe por parte de algunos funcionarios y confía en que los jueces sabrán resguardar los derechos del niño, especialmente el derecho a nacer y a vivir, que constituye el principio y el fundamento de todos los demás.
Juan Manuel Medrano Alberto E. Solanet
Secretario Presidente
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