Ha tomado estado público la denuncia efectuada por el Arzobispo de La Plata, Monseñor Héctor Aguer, con motivo de la distribución de preservativos y anticonceptivos entre escolares de trece años, sin conocimiento ni autorización de sus padres,  en ocasión de  impartirse  “instrucción sexual” en establecimientos de gestión oficial, con indicaciones  que configuran una verdadera incitación a la lujuria y  la promiscuidad, fomentándose así la corrupción de los educandos y  la disolución de la familia y de la sociedad. En el mismo sentido y con la severidad que imponen las circunstancias, se pronunció el Arzobispo de Resistencia, Mons. Carmelo Giaquinta.

         Además, ha trascendido  que en el Congreso de la Nación avanza un proyecto que tiene por objeto extender a todo el territorio nacional la obligatoriedad de la “instrucción sexual”, desconociendo y vulnerando el derecho  que los padres tienen a orientar la educación  de sus hijos,  y a que su ejercicio no sea desvirtuado por interferencias del sector público.

         La Corporación de Abogados Católicos, ante la inconsulta actitud asumida por algunos funcionarios y legisladores, y frente al riesgo de que la corrupción denunciada por el Arzobispo de La Plata pueda extenderse a otros ámbitos educativos, exhorta a los titulares del poder estatal a abstenerse de aprobar tamañas agresiones contra la familia, y a observar rigurosamente el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada al texto constitucional por su artículo 75 inc. 22, en el que la República Argentina, como signataria de ese documento internacional, se comprometió a respetar el derecho de los padres a dirigir, orientar y educar a sus hijos.

Buenos Aires, noviembre 4 de 2005

Alberto Solanet – Presidente

Juan Manuel Medrano -  Secretario